Desde su momento seminal, las universidades se han pensado como comunidades para la generación, la socialización, la aplicación y la evaluación del conocimiento y los saberes especializados. Esto ha implicado relacionar en espacios delimitados física y simbólicamente a una diversidad de personas con intereses comunes: es decir, a quienes poseen un cierto saber especializado por regiones epistemológicas y a quienes quieren abrevar de estos saberes y contribuir a la continuidad de la cadena de producción del conocimiento. Así, las universidades se han convertido en referentes de la vida pública en la medida que se constituyen como comunidades que pueden dialogar con la sociedad civil y el Estado, y establecerse como puente y espacio de mediación, para tratar de buscar aquellas rutas que potencien la tarea de responder críticamente a los retos y desafíos que plantea el presente.

Este proceso, de manera necesaria, desarrolla el potencial crítico de quienes integran la comunidad universitaria y, también, de quienes buscan la interlocución con ésta para generar redes y el tejido social necesario para lograr el impacto de dichos saberes en la vida pública. Ser universitario o universitaria significa aparecer en el espacio público como portador de una conciencia crítica pero no rupturista, de una visión democrática pero no populista, y de una vocación de transformación social más no al servicio de intereses facciosos. Por eso es que, sobre todo a partir de la década de 1960, las Universidades han sido los espacios donde han germinado muchas de las luchas por la inclusión y el reconocimiento, como ha sido el caso del movimiento a favor de los derechos humano y su herramienta de plasmación política que es la planeación estratégica para dar realidad al paradigma garantista.

La afortunada coincidencia entre la universidad como institución crítica y los saberes y movimientos políticos a favor de los derechos humanos permitieron desplegar en el espacio público una intuición básica pero que ha costado mucho trabajo transversalizar y situar políticamente: que los temas y problematizaciones relacionados con los derechos humanos y los ámbitos de vulnerabilidad que buscan atacar no son de interés exclusivo de los grupos históricamente discriminados o de las víctimas de las violaciones graves y estructurales a derechos humanos; sino que, sobre todo, se trata de temas y problematizaciones que pertenecen al dominio de la justicia, de la legitimidad democrática y del reconocimiento de la existencia de deudas históricas hacia ciertas personas, grupos y colectivos, lastrados con prejuicios y estigmas discriminatorios, que no pueden dejarse sin saldar ni revisarse públicamente.

No obstante que las comunidades universitarias asuman la tarea de producir saberes sobre la vulnerabilidad social y las condiciones para la construcción de una cultura y una dinámica política sensibles a las experiencias particulares de la violencia, la discriminación y la cancelación de derechos y oportunidades, esto no significa que todas las Universidades sean igualmente consciente de dicha misión histórica.

Aunque muchas comunidades universitarias sean conscientes de su misión histórica respecto de producir saberes y dinámicas entre sus practicantes, que sean sensibles a los derechos humanos y la vulnerabilidad social, muchas veces los condicionamientos inconscientes asociados a los imaginarios autoritarios y antidemocráticos provocan actos fallidos que revelan resistencias a transversalizar el paradigma garantista en todos los saberes y disciplinas, más que considerarla como un capítulo adicional y sofisticado, pero secundario, a la práctica académica.

De manera particular, este enfoque normativo que se propone la transversalidad de los derechos humanos en los distintos saberes, para conseguir posteriormente su incidencia en el ámbito de las políticas públicas, ha influido en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Campeche 2015-202, el cual incluye de manera explícita dos ejes transversales que han de informar a todas las políticas estatales en materia de desarrollo: los derechos humanos y la perspectiva de género. Entre sus líneas de acción concretas se debe destacar, por la relación con el Programa de Estudios de Posgrado la de “Impulsar la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos”.

En el entorno específico de la Universidad Autónoma de Campeche, el Plan Institucional de Desarrollo 2016-2019 se incorpora también expresamente dentro del Eje Rector número IV la promoción de los derechos humanos, la equidad de género y la multiculturalidad. Estos temas se relacionan con el compromiso de la Universidad en la generación de saberes pertinentes y con la responsabilidad que se asume de contribuir al desarrollo cultural y humano (Eje III).

Por todo esto, es que nos hemos propuesto generar un espacio interuniversitario para la generación, socialización y evaluación de saberes sobre derechos humanos, que es este programa de maestría, con el propósito de colocar a nuestras universidades en la vanguardia del cambio social y generar modalidades adecuadas y eficientes para el acompañamiento a las demandas de inclusión y reconocimiento que formula la sociedad civil en el lenguaje de los derechos.